¿Y dónde estaba el pueblo ayer, que no salió a defender al Gobierno?

Por Leocenis García.

Ayer, los venezolanos, nos levantamos con la noticia que un grupo de civiles y militares habían asaltado una base militar en Valencia. El señor Presidente dijo después que, eran civiles. Esto era más trágico.  Pero, lo peor, es que nadie, absolutamente nadie, de los 8 millones de fantasmas que votaron la Constituyente salió, ni siquiera como la llorona, aquel espíritu que vaga quejándose por  sus hijos.

Por qué.  Sí, esa es la pregunta. ¿Dónde estaban esos millones de venezolanos que no se agolparon para defender la democracia?. Quizás la historia no los explique: Por qué la gente no salió, qué puede venir, y cuál es el destino inmediato del Gobierno.

Al producirse el golpe noviembre de 1948, Gallegos hizo una apelación abstracta a la masa a «cumplir con su deber». Los militares, como era de esperarse, habían temido la oposición popular, y llenaron las calles de tanques y fusiles. Pero Acción Democrática, la naciente socialdemocracia ya había sembrado sus primeros vicios en el país.

Un editorial titulado «Gracias Dios» en la principal revista de los sacerdotes jesuitas, se burlaba del anuncio de los socialdemócratas de que el pueblo, supuestamente 300 mil trabajadores saldrían a la calle a su defensa. « ¿Qué pueblo? ¿De los 300 mil valientes que iban a salir a la calle contra el ejército? Que ingenuidad. Sobraron cinco ceros. Había 300 mil hombres dispuestos a reclamar más salario, más vacaciones, a participar en un desfile, a no trabajar».

La ironía de los jesuitas tenía el propósito de burlarse de que durante el trienio, donde primero gobernó Rómulo Betancourt y luego Rómulo Gallegos, la socialdemocracia habría impulsado políticas encomendadas a crear programas de bienestar social, de arengas a los sindicatos que habían nacido como organizaciones relativamente independientes, y combativo en la época de Gómez, y se convirtieron, en unos apéndices de las maquinarias de los partidos políticos.

AD utilizaba al Estado para aumentar su nivel de apoyo entre campesinos y analfabetas trabajadores. Promulgó leyes de aumentos salariales y subsidios a los productores de consumo básico. El salario real promedio diario aumentó de 7,15 bolívares en 1944 a 11,71 en 1948 (Hausmann 1981: 323). El número de sindicatos urbanos creció de 215, con un total de 25.000 hombres en 1945, a 1047 con casi 140.000 hombres en 1948; en el sector rural de expansión fue de 53 sindicatos con 4000 hombres en 1938, a más de 40 mil en 1948.

Había por todas partes un clima de aquiescencia con la idea de este Santa Claus vestido del negro petróleo, cuyos venados arrastraban la carreta de los regalos de la benevolente socialdemocracia. Durante la celebración del 1 de mayo de 1947 Betancourt prometió 3 mil casas a los trabajadores en todo el país, y 5 millones de bolívares en préstamos para construcción de viviendas para la clase media. Los socialdemócratas querían hacer el bien con el dinero ajeno. Y la única forma de hacer el bien con el dinero ajeno, es robándolo.

Los mismos ofíciales que habían participado con AD en el golpe de 1945 contra Medina para instalar un gobierno civil establecieron esta vez una junta compuesta por tres miembros: el general Carlos Delgado Chalbaud y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El 25 de noviembre El Universal, dice que estos militares iban a «resolver la crisis nacional» y estaban en control del país Delgado Chalbaud, estaba al frente.

«No se encamina a ninguna dictadura», recoge el 27 de noviembre nue- vamente El Universal, mientras en otras páginas mostraban los arrestos de los líderes adecos, a menudo acompañados de fotos de arsenales de armas y explosivos.

Una vez que la junta se hizo del control del Estado, declaró ilegal a AD, acusándole de crear «un Estado dentro del Estado», y poco a poco disolvió el Congreso, los concejos municipales, el Consejo Supremo Electoral, y la mayoría de los sindicatos. El 13 de noviembre de 1950, tal cual como había pasado a Zamora para beneficio de Guzmán Blanco, una bala acabó la vida del Delgado Chalbaud para bene cio de Pérez Jimé- nez quien quedó como el hombre fuerte de la junta militar. La jungla; la fuerza, de la sociedad trivial, reinando.

Con los enormes ingresos del petróleo, el gobierno proclamó que traería la modernidad a Venezuela. En 1952 la junta militar convencida de que mediante los programas de obras públicas tenían consigo al país, se atrevió a convocar elecciones para darle legitimidad al gobierno. La historia de Venezuela comprueba que no hay dictadura e ciente para un dictador, sin montar una farsa electoral.

El régimen que había negado las libertades políticas quería garantizar que todo adulto venezolano votara para proclamar que gozaba del apoyo del pueblo. En abril de 1951 un nuevo código electoral hizo obligatorio el voto para todo varón mayor de 21 años.

El 30 de noviembre de 1952 se llevaron a cabo las elecciones. Cuando se recogía el escrutinio preliminar, Pérez Jiménez salió en estampida de una pachanga (una esta) y se dirigió al Ministerio de la Defensa. El ambiente era el de un velorio, el cadáver; el suyo. Pero de pronto, como Jesús a Lázaro, el coronel Carlos Pulido Barrero devolvió al gobierno a la vida desde sepulcro: «Todo no está perdido». «Nosotros tenemos el poder y las armas. No los vamos a entregar», agregó a voz en cuello.

Acordaron los militares, conjuntamente el general Tamayo Suárez y el siniestro Vallenilla Lanz, dar un golpe y mantener a Pérez Jiménez en el poder. La respuesta del dictador fue la más increíble de todas las que recoge la historia: «Si ustedes me apoyan, me quedo… Podría irme al exterior, pero creo que Venezuela me necesita todavía».

En 1983 en entrevista con el profesor Agustín Blanco Muñoz, Pérez Jiménez dijo: «La democracia para nosotros no es la cuestión del voto popular y que bastaba llegar a la presidencia ungido por ese voto para tener patente de corso y hacer lo que te diera la gana (…) Para nosotros, la democracia era la resultante de la labor del gobierno y no del origen del mismo» (Blanco Muñoz 1983:187).

Cuando Vallenilla Lanz le informó en noviembre de 1952 a Pérez Ji- ménez que el golpe había triunfado, que no había encontrado resistencia, Pérez Jiménez le preguntó, casi sin poderlo creer: «¿Entonces nadie se ha alzado?» y Vallenilla contestó: «No, coronel, ni un tiro».

Pérez Jiménez gobernó durante un auge de los ingresos estatales y rá- pido crecimiento económico. Entre 1945 y 1957, las entradas guberna- mentales se multiplicaron por 8 y, los ingresos provenientes del petróleo por 11; en 1957 el petróleo era responsable del 70,7% de los ingresos scales (Aranda: 177: 141). Durante la dictadura de Pérez Jiménez, la abundancia sin precedentes fue el motor de la ampliación de las mejoras y también de gastos excesivos, desarrollados sobre la base del crédito fácil. Sin embargo, con la reversión de este ciclo expansivo hacia finales del año 1957, se produjo una enorme contracción scal en espiral, esto provocó que el sector empresarial se sintiese presionado por los acreedores y que muchas empresas se vieran al borde de la bancarrota.

Como bien sabemos todos: «Cuando la crisis entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana». El principio de la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez se debió a esta crisis.

Desde la cima del auge de 1955, el gobierno había adoptado la práctica de posponer los pagos a las compañías contratistas de la construcción. Emitía bonos que no podían comprarse en los bancos de inmediato, pero que las compañías podían emplear para obtener créditos, a menudo de la banca extranjera. De hecho, estos bonos gubernamentales constituían préstamos forjados sin interés que «las compañías necesitadas de efectivo se vieron obligadas a vender… a precio nacional inferior» (Kolb 1974: 167) En 1957 este procedimiento había hecho que la deuda del gobierno se estimaba ya en 1.400 millones de dólares, (Alexander 1964: 60) de los cuales la deuda interna sólo representaba la cifra de 150 millones (Vallenilla 1967: 452-453).

En opinión de Marcos Pérez Jiménez era el sector privado y no el gobierno quien había incurrido en esta deuda. Como la indiferencia del gobierno hacia las demandas del sector privado agravó los efectos de la escasez financiera, y dado que el sector cada vez más intranquilo ante el clima económico, exageraba su malestar debido a la frustración ante la insensibilidad gubernamental, la recesión económica se empezó a describir como crisis económica.

Si la diferencia entre «problemas» económicos y «crisis» económica es que «se puede convivir con los problemas, mientras que la crisis pone en entredicho “la viabilidad” del sistema» y conlleva a un «cambio inevita- ble», como plantea Smith en sus análisis de las di cultades de Inglaterra (1984: 32), entonces en esa época la crisis de Venezuela no era económi- ca, sino política. El sistema político había colapsado.

En principio, el dictador, trató de organizar unas nuevas elecciones entre dos partidos, el suyo y Copei, la otra organización política legal. Pero con miedo que aquella nueva farsa electoral se le convirtiera en un  canal para que grupos disidentes expresaran su oposición al régimen, presionó al líder socialcristiano de Copei, el joven Rafael Caldera, a rechazar el apoyo de los partidos que la dictadura había ilegalizado. Caldera se negó y fue arrestado.

Pérez Jiménez decidió jugársela. De ahí que el 4 de noviembre de 1957 anunciara que había diseñado un plebiscito –una maniobra inconstitucional y evidentemente vandálica- que presentó como una forma, según la cual se expresara la opinión sobre el gobierno (Plaza 1978: 94). El 15 de diciembre, le pidió a las masas que votaran si aceptaban o no el plan de obras públicas. Semejante manipulación no tenía precedentes en todo el continente.

El día de las elecciones mientras se realizaba el conteo de los primeros votos, Vallenilla Lanz anunciaba a la prensa internacional los resultados. El régimen se había robado hasta los papeles electorales. El fraude era inocultable. El escrutinio torcía la voluntad de los electores, y decía que Pérez Jiménez tenía el 81% de los votos. El régimen había ido demasiado lejos.

En realidad, pese a la muy proclamada unidad de las Fuerzas Armadas, en 1952 los militares estaban tan divididos como el país. Como me dijera Rocío San Miguel, directora de la ONG, Control Ciudadano, en diciembre 2015 cuando los herederos de Chávez perdían las elecciones parlamentarias: «El problema es que tienden a ver los militares con una lupa distinta a la que se ve el país, olvidando que ellos son parte de él… viven, comen, padecen como los civiles».

Durante los últimos años del gobierno de Pérez Jiménez la jerarquía militar se sentía exenta, tanto de la responsabilidad como de las preben-das. Pérez Jiménez hacía nombramientos arbitrarios sobre la base de la lealtad personal y no del mérito. Favorecía al Ejército (su propia fuerza) en detrimento del mérito de otra; a los fines de la seguridad interna depositaba su confianza en los servicios secretos, la temida policía, conocida como la Seguridad Nacional. El SEBIN de la época.

Un informe confidencial de la embajada de Estados Unidos sobre la situación militar durante 1957, planteaba que el problema no consistía en que una parte demasiado grande del dinero del Estado fuera a parar a los bolsillos de Pérez Jiménez, sino que una parte demasiado pequeña llegaba a la jerarquía militar (Bunggraff 1942: 150).

En medio de la realidad tensa, la Junta Patriótica, un grupo político que agrupaba a diversos sectores de la vida nacional se empeñó en convertir aquel descontento con el dictador en una oposición coordinada. Lo cierto es que el 1 de enero de 1958, la gente creyó que los estruendos que escuchaban eran una extensión de las fiestas de fin de año. Pero no. Los militares se habían alzado. Aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban Caracas, y pretendían atacar el Palacio de Miraflores, sede del gobierno

de fecha. El golpe fracasó.

Pero prendió una mecha donde hasta los ratones marchaban en protesta. El país era una ratonera. En las calles de Caracas grupos de estudiantes se enfrentaban a la Seguridad Nacional.

El 23 de enero de 1958, los militares le dieron la espalda a Pérez Jiménez. El régimen se desmoronó. Numerosos historiadores dan cuenta que uno de sus colaboradores más cercanos le dijo: «General, vámonos que el pescuezo no retoña». A las tres de la mañana partió en su avión hacia República Dominicana buscando refugio en su amigo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo. A la huida dejó una maleta con dos millones de dólares en el aeropuerto. Cuando el periodista Napoleón Bravo, años después lo entrevistó para la cadena Venevisión, en su residencia en España contestó: «Y dónde ha visto usted un pasajero sin maletas y sin dinero».

Cuando el régimen cayó, los partidos de la socialdemocracia y del socialcristianismo, conformaron un pacto de gobernabilidad, el 31 de octubre de 1958, en la casa del joven abogado Rafael Caldera. Se conoció aquel acuerdo como «Pacto de Punto Fijo». Los partidos se comprometían a respetar los resultados de las elecciones, formar un gobierno de coalición, cuyo programa se redactara previamente. En esencia, este pacto defendía al «Estado empresario», reclamaba un proyecto de desarrollo ca- pitalista, impulsado por el Estado democrático.

Como era de esperarse, el plan de la socialdemocracia triunfó. Rómulo Betancourt ganó las elecciones de diciembre de 1958 por un margen amplio. Así se instauró en Venezuela un tipo de política caracterizada por el consenso en torno al nuevo reparto de la renta petrolera.

Los años que siguieron al triunfo de la democracia, se planteó un capitalismo que no era tal, con controles, un concepto de libre competencia, aplicada a la fuerza por la ley. Una grotesca contradicción en términos. Significaba forzar a la persona a intentar prosperar a punta de pistola, proteger la libertad de la gente bajo el capricho arbitrario de los burócratas. Ellos con un modelo mixto, una mezcla de Estado con capital, decidían cuál y cómo era el camino a seguir.

Ahí está la historia, saquen sus conclusiones.